La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos resulta de una autoconvocatoria en 1975 de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país. Con otros organismos de análogo propósito les correspondió la difícil y riesgosa tarea de defender la vida y el derecho durante los trágicos años de la dictadura militar (1976-1983). Dentro de esa conjunción de entidades defensoras de los Derechos Humanos, la A.P.D.H. tuvo ciertas particularidades que le permitieron jugar un papel propio, por otra parte ampliamente reconocido por la opinión pública en el país y en el extranjero:
1) Por su constitución multipartidaria y multisectorial constituyó un espacio de encuentro y colaboración en un momento en que la actividad política (en el sentido mas amplio) estaba congelada en la Argentina.
2) Por esa misma razón le correspondió lo que podríamos llamar resistencia "política" a la dictadura: denuncia pública internamente y en los foros internacionales, iniciativas de orden jurídico, gestiones de diverso orden para defender a las víctimas del terrorismo de estado y sobre todo, la función de fiscal social frente al régimen de terror.
3) Finalmente, esa misma amplitud y pluralismo le concedió una amplia capacidad de convocatoria popular, ya que sectores religiosos, políticos y sociales diversos encontraron una posibilidad de participar en demostraciones, publicaciones o actos de resistencia sin comprometer sus propias convicciones. El hecho de definirse como entidad y encuadrar su acción estrictamente sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la propia Constitución del país y la legislación internacionalmente reconocida, si bien establece los límites de la acción de la A.P.D.H., a la vez asegura la posibilidad de un amplio espectro de participación y de un enfoque compartido sobre una problemática muy amplia. No siempre las entidades de derechos humanos han podido actuar como una unidad. Tal cosa no debe entenderse como necesariamente negativa, ya que la diversidad de composición de las entidades y cierta diferencia de rol dentro del país permite también una multiplicidad de enfoques y acciones, asumiendo responsabilidades diferentes. La A.P.D.H. ha procurado mantenerse como lugar de encuentro, de discusión y de equilibrio. Incluso dentro del periodo de la dictadura, la actividad de derechos humanos rebalso los límites más inmediatos de la defensa contra las violaciones más aberrantes, para abrir otros frentes de protección de la vida, la dignidad humana y la convivencia social, sin la cual los derechos y garantías individuales carecen de sustento y de posibilidad de efectividad. Así, la A.P.D.H., introduce el tema en el campo de la educación, de la cultura, de la salud mental, de los derechos económicos y sociales, de la paz, de la cuestión carcelaria, mediante una serie de comisiones que realizan a la vez tareas de estudio e investigación, de publicaciones, de esclarecimiento de la opinión pública, de educación, a la vez que apoyan o estimulan tareas concretas. Hay no menos de cien personas calificadas profesionalmente con las mismas características de pluralismo de la entidad total, trabajando activamente ad honorem en esas áreas. Las tareas mencionadas en el párrafo anterior asumen una enorme importancia a partir de la reanudación de la vida democrática en el país. La posibilidad de ‚el éxito de la democracia se fundamenta, al menos, en:
a) un proceso de esclarecimiento acerca del pasado inmediato que coloque delante de la población la realidad de lo vivido: la A.P.D.H. colaboró mediante sus miembros, parte de su personal, con la información reunida durante el proceso militar en esta labor centralizada en la Comisión Nacional creada por el gobierno, cuyo informe final fue "Nunca Más"; los juicios que se siguieron fueron decisivos en la formación de una opinión pública cuya solidez se evidenció en el repudio masivo de la población a los decretos de amnistía;
b) la elaboración de la experiencia colectiva de la dictadura, que no borra la memoria ni la transforma en un duelo perpetuo y negativo, sino que la mantiene viva como un motivo de reflexión, como una permanente convocatoria a la conciencia, la organización y la acción ciudadana para proyectar un futuro más democrático y participativo;
c) el mantenimiento de una documentación pormenorizada que permita estudiar el funcionamiento de la represión, sus características, procedimientos, efectos inmediatos y mediatos como contribución a una tarea internacional destinada a prevenir y combatir situaciones semejantes, tanto en América Latina como en otros lugares. En este sentido, la A.P.D.H. está completando la ordenación de sus amplios archivos y manteniendo una comunicación internacional que permita compatibilizar los datos y utilizarlos más eficazmente;
d) la continuación de los trabajos jurídicos destinados a perfeccionar las legislaciones nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos en sus diversas formas y caracterizan y sancionan los delitos que los violan: la A.P.D.H. ha iniciado o colaborado en iniciativas nacionales i internacionales y su Comisión Jurídica continua permanentemente trabajando en este sentido;
e) la continua representación ante el gobierno, en sus diversos niveles (ejecutivo, legislativo, judicial, policial, etc.), tanto para prevenir y denunciar como para proponer y apoyar iniciativas en relación con la plena vigencia de los derechos humanos. Toda esta tarea es realizada en su mayor parte por voluntarios, tanto en la organización central de la Capital Federal como en las delegaciones del interior del país. Con todo, se hace indispensable mantener una mínima infraestructura que abarca la organización y comunicación (recepción de información, de denuncias, labor secretarial, contacto con los medios), la mantención de los archivos y el procesamiento de la información en un Centro de Cómputos; un mínimo cuerpo legal y una muy limitada infraestructura física (oficinas, maquinaria, etc.). El financiamiento de esta infraestructura resulta exclusivamente de las donaciones personales de miembros y simpatizantes y de organismos de solidaridad internacionales. Estamos convencidos, porque la experiencia nos lo demuestra, que esta tarea debe continuarse e incrementarse, sobre esta misma base de una infraestructura mínima y amplia labor voluntaria. Y por eso creemos que la ayuda que se brinda para hacerlo posible se multiplica en un servicio indispensable para la defensa de la vida, la profundización de una autentica democracia y la vigencia de los derechos humanos.
