17/07/2025
📣 Carta abierta: sobre la no renovación del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la Federación de Autismo Andalucía.
El pasado jueves, la Federación de Autismo de Andalucía (FAA) comunicó la decisión de no renovar el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía (JA). Esta decisión impacta directamente en un recurso vital para muchos niños con autismo: la figura de los "profesores sombra", también conocidos como asistentes personales o pedagógicos.
El Rol del Profesor Sombra: Una Solución Imperfecta pero Esencial
Los profesores sombra han sido, a priori, voluntarios de asociaciones que reciben formación especializada para atender las necesidades específicas de alumnos con diagnóstico de autismo. Muchas familias encontraron en esta figura una solución a los desafíos que sus hijos enfrentan en la escuela, hasta el punto de que, en algunos casos, toda posibilidad de inclusión parecía depender de ellos. Por ello las familias han optado por remunerarlos, cubriendo desde gastos básicos hasta salarios acordes a la dedicación y responsabilidad que asumen.
La decisión de la FAA de extinguir esta relación, a partir del próximo curso, dejará a las familias y a los niños enfrentando la realidad escolar sin este apoyo. Esto incrementará la presión sobre los alumnos, quienes podrían experimentar desmotivación, inatención, estereotipias, desregulación y comportamientos de riesgo debido a la falta de recursos y atención individualizada. Frases como "este niño no está para estar aquí" o "no puedo atenderlos" volverán a resonar, afectando su responsabilidad y estigmatización, y pudiendo llevar a cambios de modalidad educativa que suponen un retroceso en la inclusión y limitan su desarrollo futuro.
La FAA argumenta que esta responsabilidad no es suya, a pesar de haberla asumido años atrás. Afirman que se trata de una privatización encubierta de servicios que deberían ser públicos, aunque muchos de sus propios servicios son privados o concertados y no por ello son cuestionados. Se escudan en la desigualdad, ignorando que no es necesario abandonar a unos para reivindicar a otros.
Es fundamental recordar que el derecho a contar con un asistente personal es un derecho reconocido y consolidado. Existen ayudas públicas para este servicio, y la posibilidad de contratarlo de forma privada no excluye a quienes superan el umbral de renta. Personas con discapacidad cuentan con asistentes personales en diversos ámbitos de su vida. La mediación de una asociación se justificaba por la naturaleza de la labor, que incluye el trato con niños y tareas pedagógicas que requieren formación y supervisión. Este sistema de apoyo, aunque con particularidades, funciona de manera similar en otras condiciones como el Síndrome de Down, discapacidad visual, Asperger o TDAH.
Un Modelo Cuestionable pero Necesario
Observando la situación, podría parecer una singularidad, pero este sistema ha funcionado de manera similar en otras discapacidades. Aunque pueda entenderse una decisión precipitada por la urgencia, resulta difícil para un profesional sanitario justificar que se sacrifique la calidad de vida de los usuarios por un supuesto bien mayor.
La educación actual busca la inclusión y el trato justo para todos los alumnos, independientemente de su condición. Este cambio de mentalidad genera debates sobre cómo lograrlo y con qué medios. Dentro de estas respuestas, el sistema de profesores sombra es, sin duda, muy deficiente:
Cutre: Infravalora la inclusión, reduciéndola a acompañamiento, voluntarismo y precariedad. Permite que personal desactualizado o poco comprometido no cumpla con sus responsabilidades.
Irresponsable: Nadie cumple su cometido: los profesores no programan ni enseñan adecuadamente, los especialistas no adaptan las actividades, las asociaciones no forman ni supervisan, las evaluaciones se omiten y las decisiones se postergan.
Improvisado: Los asistentes no siguen un plan establecido; actúan según las circunstancias, sin supervisión ni apoyo adecuados.
Desigual: La permanencia en un centro ordinario depende de factores circunstanciales, como la disposición del centro educativo o la "buena voluntad" de los profesores, más que de un derecho inherente.
Acomplejado: A pesar de la desoladora realidad, nadie se atreve a defender este sistema como válido o efectivo.
Aun así, no se puede ignorar que un gran número de niños han logrado metas impensables gracias a que sus familias asumieron esta responsabilidad y sus profesores se involucraron, aprendiendo y colaborando con otros profesionales. Los profesores sombra han permitido que muchos niños permanezcan en entornos normativos, beneficiándose de la interacción social. Técnicamente, han aportado atención individualizada y metodologías novedosas que los profesores no especialistas no podrían implementar. Aunque cubren carencias del sistema, es cierto que, en el mejor de los escenarios, el estado no podría financiar un profesional dedicado y especializado para cada niño.
Por lo tanto, a pesar de sus graves errores, la alternativa a este sistema aún está por descubrir. Esta solución apresurada de la FAA busca presionar a la administración, pero quien realmente sufre las consecuencias son las familias, que se verán obligadas a aceptar soluciones a medias que carecen de profesionalización y atención individualizada. No existe una figura profesional especializada que pueda reemplazar de inmediato a los asistentes sombra ni se puede lograr una ratio 1:1 de forma inminente, clave del funcionamiento de este sistema. La figura del asistente sombra era un avance, un punto de partida para la mejora; pero, tras años, se ha optado por dinamitar el progreso en lugar de consolidarlo.
Análisis del Comunicado de la FAA
La FAA afirma que la Consejería propuso "modificaciones significativas" en el convenio. Por transparencia, deberían explicar cuáles eran estas modificaciones y cómo perjudicaban a la comunidad, ya que los motivos descritos en su comunicado no parecen novedosos ni fruto de cambios recientes. También deberían detallar qué alternativas propusieron, dado lo extrema y perjudicial de su decisión final.
El proyecto "nació como una solución excepcional y temporal para dar apoyo a casos especialmente complejos", según la FAA. Sin embargo, conviene recordar que el convenio fue apadrinado por asociaciones que supervisaban y formaban a los profesionales. Esto tiene paralelismos con los "centros de recursos" de la ley de educación, donde centros privados ya cuentan con asesoramiento de entidades externas. En lugar de usar esta vía para la innovación, se ha preferido dinamitar cualquier puente. Muchas asociaciones pioneras ya no forman parte de este proyecto; quienes ahora se quejan son, en muchos casos, los que no cumplieron con las responsabilidades encomendadas para "casos especialmente complejos". Es positivo que reconozcan que la responsabilidad los excede.
La FAA dice que el modelo "se ha convertido en una práctica generalizada que traslada a las familias una responsabilidad que no les corresponde". Sin embargo, cualquier padre se preocupa por la educación de sus hijos. No se debería negar esta posibilidad a los padres de niños con discapacidad, escudándose en profesionales "omniscientes" e inexistentes o en normativas estatales que supuestamente resolverán todos los problemas. Aunque la responsabilidad no es pequeña y se necesita un sistema más eficaz, no se puede pretender que las familias confíen en soluciones drásticas si el sistema actual las violenta. Las familias tienen derecho a supervisar, ser informadas y elegir en la educación de sus hijos.
Finalmente, la FAA argumenta que el sistema debería ser público y gratuito, a pesar de que sus propios servicios no lo son. Olvidan la opción del concierto, como en la precaria atención temprana, donde los precios públicos no cubren los gastos. Lo que ven claramente en atención temprana –que la alternativa pública puede ser precaria– no les parece obvio en este caso. Si bien es deseable que el sistema público cubra todas las necesidades sin depender de la economía familiar, muchas personas contratan servicios educativos y sanitarios (extraescolares, atención temprana, talleres, campamentos) que las propias asociaciones ofrecen. No se debería culpar a las familias por destinar sus recursos al bienestar de sus hijos. Para reivindicar la atención universal, no es necesario dinamitar las posibilidades existentes; podrían haber elaborado una propuesta y reivindicarla, pues han tenido tiempo para ello.
Reflexiones sobre el Rol de las Asociaciones
Las asociaciones reniegan de este sistema, en el que participaron voluntariamente, por la carga emocional y de trabajo que supone coordinar proyectos con niños que no conocen, profesionales que no les importan y en ámbitos donde no son especialistas. Por ello, no fomentaron estas posibilidades, no promocionaron estos servicios ni aceptaron a todas las familias que demandaban su mediación. No vieron el potencial del convenio ni exploraron vías de colaboración e investigación. No ocurriría lo mismo con otros servicios muy demandados, donde no dudarían en ampliar plazas, ofrecer formación y promocionarlos.
Hablan de voluntarios y precariedad, obviando que gran parte de los servicios de sus centros dependen del trabajo voluntario y de las aportaciones de las familias. Si bien es cierto que la enseñanza de estos niños no puede depender de voluntarios en situaciones precarias, esta observación revela cierta hipocresía.
Conclusiones y Propuestas
Esta decisión apresurada y unilateral de la FAA busca presionar a la administración, pero en realidad deja desprotegidas a muchas familias, que se verán forzadas a aceptar soluciones mediocres sin profesionalización ni atención individualizada. No existe una figura profesional especializada que pueda reemplazar la atención 1:1, una de las claves del éxito del sistema. La figura del asistente sombra era un avance por el que muchas familias lucharon, y ahora quedan desamparadas.
Por todo lo anterior, la solución pasa por reconocer y restablecer la figura del asistente en el aula, redefiniendo y acreditando sus funciones con los siguientes criterios:
🔹 Universalización: Que se acepte y defina la figura del asistente pedagógico de manera universal, como ocurre con el asistente personal en el ámbito de la dependencia.
🔹 Especialización y Ratio: Asumir que las necesidades son complejas y requieren personal altamente especializado, metodología y atención individualizada, y que una ratio 1:1 es necesaria.
🔹 Nueva Figura Profesional: Abrir un debate amplio para definir una nueva figura profesional que amplíe los límites del técnico y asuma funciones de especialistas, sin menoscabar las figuras ya reconocidas. Definir competencias formativas especializadas en educación, didáctica y pedagogía, y que sus funciones no se limiten a cuidados básicos.
🔹 No Imposición: No imponer esta labor a profesionales existentes que no tienen la formación ni las posibilidades de asumir estas responsabilidades.
🔹 Colaboración Público-Privada Transitoria: Mientras estos cambios se implementan, permitir la colaboración público-privada para personal técnico en educación, como en otros países. Esto aseguraría la competencia, especialización y libertad de elección para las familias, y una remuneración con precios públicos o de forma privada.
🔹 Relación Voluntaria o Profesional: Que la relación se establezca de manera voluntaria o profesional, contratada directamente con las familias o con entidades sociales como empleadoras, una vez se acrediten los requisitos y prevenciones (formación, responsabilidad civil, protección de datos e intimidad).
🔹 Potestad para Familias y Centros: Otorgar a familias y centros educativos la potestad para aceptar esta figura profesional una vez acreditados los requisitos mínimos, tal como ocurre actualmente. El papel mediador de las asociaciones, en la práctica, es testimonial.
🔹 Condiciones en Planes de Centro: Que los centros educativos, en sus planes, establezcan las condiciones que estimen oportunas sin perjuicio de las labores asignadas a otras figuras profesionales.
Carta abierta sobre la no renovación del convenio entre la Junta de Andalucía y la Federación de Autismo que regula los profesores sombra.
