14/09/2025
GALLARDO SE ENFRENTA A CRECIENTE DESCONTENTO: SINDICATOS ACUSAN ABUSOS Y PROMESAS INCUMPLIDAS
San Luis Potosí, SLP. — Las quejas acumuladas contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona salen a la luz con fuerza, a pesar de los escenarios cuidadosamente montados, los discursos oficiales y la entrega de apoyos materiales. Los sindicatos de trabajadores alzan la voz señalando irregularidades, incumplimientos y usos políticos de los recursos públicos.
Denuncias laborales persistentes
Sindicatos estatales, entre ellos trabajadores del Estado y miembros de agrupaciones independientes, denuncian que bajo la administración de Gallardo existen violaciones graves a sus derechos laborales. Se señalan casos de despidos injustificados, pagos atrasados y la omisión sistemática de prestaciones que están legalmente garantizadas.
Estos problemas, aseguran, no han sido atendidos con soluciones concretas; las promesas de atención se quedaron en compromisos públicos, mientras en la cotidianidad los trabajadores padecen la inseguridad de no saber si su salario vendrá completo o si su puesto se mantendrá estable.
Uso político de apoyos sociales
Los apoyos asistenciales, como despensas o entregas de bienes, son denunciados por sindicatos y civiles como instrumentos de clientelismo. Según los señalamientos, se distribuyen bajo condiciones que favorecen la lealtad política al gobernador, más que como una política social consistente y sustentable.
Para muchos de los afectados, estos apoyos llegan de forma irregular, no cubren necesidades reales y son poco eficientes en cuanto a tiempo y forma. Acusan que sirven más para generar “imagen” que para resolver las desigualdades.
Falta de transparencia y deterioro institucional
Otro reclamo recurrente es la opacidad en el uso de recursos estatales, especialmente en trabajos de infraestructura, servicios públicos básicos y pagos del gobierno. Los trabajadores, y también ciudadanos comunes, afirman que no hay claridad sobre quiénes ejecutan las obras, cuánto cuestan realmente, ni los estándares de calidad que se aplican.
Además, los contratos y licitaciones estatales han sido criticados por falta de supervisión y controles adecuados, lo que, según los denunciantes, propicia posibles actos de corrupción o desvío de fondos.