28/01/2026
NO SE PUEDE NATURALIZAR.
ESTÁ ACTUANDO UNA FUERZA DE CHOQUE CON MÉTODOS PARAESTATALES COMANDADA POR ARIETTO.
AHORA, EN LUSTRAMAX.
El conflicto en Lustramax está siendo usado como un laboratorio ante la proximidad del debate de la (contra) reforma laboral. Pero además destapa un modus operandi paraestatal que incluye el uso de fuerzas federales por parte de una empresa privada, en la que tomó el comando la abogada mediática y senadora provincial Florencia Arietto, como principal organizadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).
La inscripción de este comando operativo, MEAB, en la Inspección General de Justicia fue rechazada por ser su objeto “contrario al bien común”, ya que “califica como delictivas o cuasi delictivas a las medidas sindicales, lo que afectaría la garantía constitucional de la presunción de inocencia” (Sala I, Cámara Civil). Con esto bastaría para demostrar su carácter paraestatal y alertar a todos sobre su intervención. Y por eso queremos llamar fuertemente la atención sobre lo que está ocurriendo.
Demás está decir que la abogada en cuestión hace días que me viene atacando, amenazando con mi desafuero y con realizarme causas penales, embargos y reclamos por “los daños causados”, todo esto en distintos medios en los que no he tenido el elemental derecho a réplica. Sabemos cómo funciona: el objetivo es amedrentar a los trabajadores, se los trata de mostrar en la ilegalidad, se ataca su defensa o acompañamiento para intentar exponer que “están solos”, y que en cambio ella detenta todo el poder.
A raíz de esto, me he decidido a responder, no a ella, sino a todos los que escuchan esa sola campana: los trabajadores tienen una solidaridad inmensa, del barrio, de la sociedad en general, de sindicatos, de diputados, de referentes de derechos humanos y otros sectores (abajo acompaño algunas de esas expresiones). Y también muchos medios de comunicación que han difundido su lucha como un gran ejemplo para todo el país.
Delivery de gendarmes: el caso Lustramax.
La empresa Lustramax intentó un procedimiento preventivo de crisis; cuando le pidieron que justificara lo que sostenía, despidió igual a varios trabajadores; cuando los delegados reclamaron, despidió a los delegados. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, se negaron a cumplirla e iniciaron una causa penal. Cuando nada de eso les alcanzó, apareció sin explicación la Gendarmería Nacional.
Sabemos que la impunidad solo genera más impunidad, por eso en el día de hoy nuevamente se hicieron presentes en la puerta de la fábrica acompañados de la policía Bonaerense tratando de montar una provocación para acelerar un desalojo violento. Ya fueron CINCO VECES en el transcurso del día. ¿Dónde termina esto?
La ilegalidad avanza.
El 15 de enero, un fuerte operativo de Gendarmería Nacional irrumpió en las puertas de Lustramax, a metros de donde los trabajadores se encontraban en asamblea permanente. O sea, en un lugar donde no tienen jurisdicción y sin orden judicial alguna. La Gendarmería apareció cuando ya estaba interviniendo el Ministerio de Trabajo de la PBA, el Juzgado de Garantías N° 4 y el fiscal Jaime García de la Unidad Funcional de Instrucción Nro 19 de San Martín - descentralizada de Malvinas Argentinas, sin que ninguno de ellos la haya solicitado.
El hecho fue tan grave que, luego del operativo, el propio fiscal emitió un acta donde pide: “Infórmese que este Ministerio Público no ha convocado la presencia de fuerzas federales en el lugar” (PP-15-01-001643-26/00 s/Averiguación de Ilícito). No obtuvo respuesta.
Entonces la pregunta es: ¿cómo consigue una empresa como Lustramax que una fuerza de seguridad federal actúe al servicio de sus intereses privados de forma completamente ilegal? ¿Quién paga el costo del operativo? ¿Con la nuestra?
Diputados y diputadas de distintos bloques del Congreso Nacional presentamos un pedido de informes exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional que, por su intermedio, el Ministerio de Seguridad informe bajo qué directivas actuó la Gendarmería Nacional para llevar adelante ese operativo; quién o quiénes son las autoridades responsables de la planificación y ejecución del mencionado operativo represivo, entre otros interrogantes.
Estamos ante hechos gravísimos e ilegales.
1.-Implica una intervención federal en la provincia de Buenos Aires sin orden administrativa ni judicial.
2.- Demuestra la naturalización de la utilización de las fuerzas federales como “ejército privado” y fuerza de choque de los empresarios en conflictos colectivos.
3.- Una cosa preocupante es que podríamos estar ante otro caso de utilización del “Protocolo Antibloqueos” (Resolución 901), algo totalmente inconstitucional e ilegal, como han denunciado foros de abogados y más de 20 sindicatos: con una normativa de rango inferior se le atribuye a funcionarios del Ministerio de Seguridad la potestad de intervenir como fuerza represiva en cualquier jurisdicción, sin orden judicial, otorgándole de esa manera facultades para legislar en materia de Derecho del Trabajo, criminalizando un derecho laboral y sindical reconocido en la Constitución y los tratados internacionales. Una aberración jurídica inédita, digna de un régimen dictatorial.
El jefe de la patota.
De darse esta última hipótesis, hay que tener en cuenta que el jefe operativo de los “procedimientos” ante reclamos laborales es Martín Culatto, quien se jacta de haber realizado “164 intervenciones” mediante el “Protocolo antibloqueos” y agradece permanentemente al MEAB por el “trabajo conjunto”. Delirante.
El hecho confirma la profunda imbricación entre los intereses empresariales privados y las fuerzas de seguridad para hacer un movimiento fascistoide de extrema derecha y actuar contra los trabajadores. Se jactan de su poder de “lobby” para redactar leyes reaccionarias (Ley Bases) y el “amparo de personas influyentes en el ámbito comunicacional” pero, como dijimos, la inscripción del MEAB fue rechazada en el ámbito administrativo y judicial.
Nada es gratis. Arietto, su empresa Halconar y el MEAB en Lustramax.
El accionar desplegado en Lustramax tiene antecedentes. El más emblemático es el de Lácteos Vidal, cuya abogada era Arietto. Los trabajadores demostraron que se trataba de un justo reclamo por los incumplimientos empresarios. Pero además se desnudó que los empresarios Bada Vázquez, lejos de ser unas pobres víctimas, eran parte del entramado que saltó con el escándalo Espert-Machado. La justicia, en un solo expediente, pudo encontrar 13 operaciones por 3 millones de dólares entre la empresa “estrella” del MEAB y la empresa South Aviation de Fred Machado investigada en EE.UU. por lavado y narcotráfico. Un dato genera más sospechas: Alejandra Bada Vázquez es la tesorera del MEAB.
Lo que no les gusta reconocer es que la mayoría de sus operaciones han fracasado ante la resistencia de trabajadores, sindicatos y abogados laborales. Con Lácteos Vidal SA sufrió una fuerte derrota legal con un embargo de $170 millones. En el caso de Fademi SA perdieron en todas las instancias judiciales. Esto le implicó a las empresas la pérdida de sumas millonarias. En Vassalli SA Arietto fracasó estrepitosamente.
Como queda en evidencia por todo lo expuesto, estamos frente a un grupo de tareas rentado y paraestatal que no busca solucionar conflictos, sino generarlos y agravarlos para criminalizar los derechos laborales mediante métodos ilegales. Por eso en Lustramax no están en juego solamente el respeto por los derechos laborales y sindicales de esos trabajadores y el pan de esas familias: es un caso testigo del intento de avanzar en una política fascistoide contra la clase trabajadora, que tenemos que enfrentar con la más amplia unidad.
La causa penal que abrió Arietto está radicada ante la Sala de feria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín.
Las autoridades judiciales y del ministerio interviniente tienen esta operación macabra en sus manos. Solo exigimos justicia. La legalidad está del lado de los trabajadores, las presiones ilícitas del lado de la empresa asesorada por Arietto y su necesidad de provocar conflicto.
