22/08/2024
La Superintendencia de Servicios de Salud tomó la iniciativa expresando que el organismo no puede solventar más de un 2% de aumento debido a que los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FRS), con el que se financian estas prestaciones a las obras sociales, está en una situación deficitaria. Según los números presentados en el mes de agosto el 81% del mismo se destinará a cubrir estas prestaciones.
La segunda consideración expresada que está en la mente de los funcionarios para justificar los escasos aumentos es la siguiente: “En lo que va del año, de enero a julio, los aumentos dados superaron a la inflación en alrededor de un 5%”. Esta afirmación sólo es posible si se acepta omitir la inflación del mes de diciembre de 2023 que fue de 25,5%. Esto lo hacen porque, según Diego Spagnuolo, Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, no se les puede imputar a su gestión porque la misma se hizo cargo recién en enero y lo sucedido en ese mes fue responsabilidad de la gestión del Presidente Alberto Fernández. Por todo lo mencionado, los funcionarios actuales se dan el lujo de afirmar que se viene acompañando la inflación e incluso superándola y que los prestadores se quejan sin motivo y/o por razones políticas.
Esto no termina acá, porque del intercambio entre funcionarios y representantes se pueden vislumbrar otras consideraciones cargadas de prejuicios por parte de la actual gestión:
Cuando se les plantea que el gobierno permitió que las prepagas, el transporte, el combustible, la electricidad, el gas, etc. aumentaran sus aranceles, el Dr. Spagnuolo, asevera que esto sucedió por el atraso de los mismos. Y, con esta respuesta, se puede entender que para él las prestaciones no lo estaban, pero no se condice con los dichos por él ante los medios de comunicación de que la gestión anterior terminó con un atraso de 100 puntos con respecto a los aranceles de estas prestaciones y la inflación generada. Se puede afirmar que para él este atraso no justifica un mayor aumento de los aranceles. Una postura absolutamente contradictoria y que busca justificar lo injustificable. Para la gestión actual hay situaciones de atraso que deben recibir aumento y otras no.
Cuando se afirma que se va hacia una inflación 0 se entiende que, por lo tanto, no habrá aumentos futuros. En febrero Spagnuolo dijo que ni bien la inflación se afirmara en la baja se iban a mejorar los aranceles, pero en dos meses en baja eso no sucedió o para los funcionarios actuales sí (dejando de lado la importante inflación de diciembre).
Los funcionarios se enteraron de todo lo mencionado gracias a los representantes de prestadores ante el Directorio y la respuesta fue que iban a ver qué hacer.
Los escasos aumentos de 3% (junio 2024) y de 2% (julio 2024) son expresión de una desvalorización de este sector, de una liviandad para hacerse cargo de las responsabilidades de ocupar un cargo que implica tener en cuenta la realidad recibida, de una mirada que comprende a unos y no a otros que viven la misma situación de atraso para cubrir sus reales costos.
De seguro, los funcionarios están convencidos que han dado un aumento justo y que los reclamos no están justificados, que habría que aceptarlos sin quejarse porque el país está atravesando una crisis y la gestión actual está planteando algo nuevo y que por ello no se le puede pedir que resuelvan todo de manera inmediata. Es necesario y urgente, recordarles que no todo es la realidad de un Excel en un escritorio, que la realidad de las personas con discapacidad y de los trabajadores del sector tiene que ser reconocida, que no todo es un gasto sino una inversión que permite un desarrollo digno, que son necesarias políticas que tengan en cuenta a todos y que deben responder la urgencia que plantea este colectivo que es empujado a un desfinanciamiento que seguramente lleve a un cierre más cercano o más lejano, pero cierre al fin.
