21/05/2025
LA SALUD INFANTIL, CANJEADA POR 30 PUPITRES Y 60 SILLAS EN UNA CAUSA POR FUMIGACIÓN ESCOLAR
La avioneta sobrevoló la escuela mientras niñas, niños y docentes estaban en clase. El veneno cayó sin aviso, como lo hace el poder: impune, amparado, con la seguridad de que nada lo va a detener. Era el 11 de marzo de 2019, en Parada Robles, Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Ese día, una de las fumigaciones más criminales de la región roció agrotóxicos prohibidos sobre las cabezas de dos comunidades escolares. Hoy, seis años después, la justicia dice que todo puede saldarse con 30 pupitres y 60 sillas.
Sí, la salud de la infancia tiene precio. El Estado lo fijó.
El caso –ahora revelado por el colectivo Exaltación Salud– muestra no sólo una violación brutal al derecho a un ambiente sano, sino también el entramado de complicidad entre el agronegocio, la justicia, las autoridades educativas y el poder político municipal. Y lo que es aún más grave: la naturalización de la violencia contra los cuerpos, especialmente de los más pequeños, en los territorios donde el extractivismo manda.
La fumigación fue criminal: Thiametoxam (prohibido en 28 países) y Lambdacialotrina fueron los venenos lanzados sobre la Escuela Primaria N°4 y la Técnica N°1. Hubo intoxicaciones, evacuación, suspensión de clases. Los cuerpos de quienes estuvieron expuestos quedaron afectados, y muchas secuelas podrían manifestarse a lo largo del tiempo. Y frente a esto, silencio. El fiscal Juan Manuel Esperante archivó la causa ese mismo año. El expediente fue inaccesible hasta hace días, cuando se reveló que los directores escolares firmaron un “acuerdo de reparación” con el productor fumigador Miguel Ángel Zocca, aceptando pupitres y sillas como compensación por las lesiones y el daño colectivo.
Ese “arreglo” fue usado por el fiscal para cerrar la causa. Lo hizo sin intervención de la Asesoría de Menores, sin consultar a las familias –algunas de las cuales ni siquiera aparecen en el expediente– y sin control judicial real. La maquinaria del agronegocio funciona con precisión: produce muerte, la encubre, la maquilla y la archiva.
Desde TeleSISA, medio indígena y comunitario, no podemos dejar de nombrar el fondo estructural de esta violencia: los pueblos originarios, campesinos, rurales y periurbanos llevamos décadas denunciando el modelo agroindustrial como un proyecto genocida y ecocida. El veneno no cae por error: es política de Estado. Es una decisión sostenida por funcionarios, fiscales, jueces, intendentes, docentes cómplices y medios hegemónicos que callan.
Nos preguntamos: ¿cuántas escuelas más deben ser fumigadas para que se escuche a los pueblos? ¿Cuántos cuerpos más deben ser contaminados para que se frene el agronegocio? ¿Por qué el derecho a la vida vale menos cuando se trata de niñeces del interior, de zonas rurales, de territorios donde las comunidades apenas “existen” para el poder?
Este escándalo judicial no es un hecho aislado. Es parte de un sistema judicial colonizado y servil a los intereses corporativos, donde la salud y la vida son moneda de cambio. El agronegocio no sólo produce soja y muerte, también compra impunidad.
