15/04/2026
La situación del sector discapacidad vuelve a poner en evidencia una tensión que no es nueva: la distancia entre lo que establecen las leyes y lo que efectivamente se garantiza.
En un contexto de reducción presupuestaria y demoras en la ejecución de partidas, comienzan a aparecer consecuencias concretas: interrupciones en tratamientos, dificultades para acceder a medicación, demoras en cirugías y prestaciones que se vuelven cada vez más difíciles de sostener.
La emergencia en discapacidad no es una consigna. Es una realidad que atraviesa la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad, sus familias y profesionales en todo el país.
Cuando los recursos no llegan, el sistema se debilita.
Y cuando el sistema se debilita, los derechos dejan de ser efectivos.
Garantizar políticas públicas en discapacidad no es un gasto ni una opción.
Es una obligación y responsabilidad del Estado.
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