01/01/2026
Administrar el in****no con decretazos
El primer día del año 2026, mediante los medios de comunicación nos enteramos que el 29 de diciembre del 2025 fue promulgado el D.S. 5515, que tiene por objeto modificar otro decreto (4857/2023), en relación a las atribuciones del presidente, quien desde ahora según el decreto, podrá gobernar mediante medios tecnológicos si es que no se encuentra en territorio nacional, de no ser posible, dejar indicaciones escritas y expresas con precisión de fechas, todo esto surge en medio de una relación tóxica, entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara.
El contexto es conocido, la historia también, en las elecciones pasadas, en primera vuelta quedaron dos duplas en competencia, Rodrigo Paz - Edman Lara y Tuto Quiroga - JP Velasco, ambos políticos, Paz y Quiroga, tuvieron los criterios en su mente y en su corazón, para elegir el acompañante de fórmula; y una vez más en la historia, se evidencia quien pensó en llegar al poder por el poder, “llegamos y después vemos” versus una visión de país, de unión generacional, geográfica y ante todo institucional y democrática.
Los últimos 20 años, si hay algo que se ha degradado hasta el tuétano en Bolivia es la institucionalidad, son los interinatos, los decretazos y las órdenes desde el ejecutivo para gobernar; al menos durante el gobierno de Evo Morales, 32 leyes según una publicación de fundación Tierra, fueron enviadas desde el ejecutivo para ser tratadas en el legislativo, invalidando a la asamblea legislativa en sus facultades de debate, y del ejercicio pleno de representatividad; muchos dirán en cuanto a la gestión de Paz y Lara: “no queda otro camino porque el vicepresidente puede poner en riesgo lo determinado por el presidente”, eso es posible, ojalá lo hubieran pensado al formar la dupla, porque ahora gobernar, por las señales que dan, será mediante decisiones y herramientas independientemente de lo que diga la Constitución Política del Estado. Si, suena exagerado, hemos criticado a Evo Morales por vulnerar la CPE, que por cierto sigue libre a pesar de la orden de aprehensión vigente, ahora, siendo consecuentes, toca al menos cuestionar la vulneración, ya evidente en dos decretos del gobierno que cumplirá 2 meses de gestión dentro de poco.
Esta situación nos lleva no solamente a reflexionar sobre la democracia e institucionalidad que el país sigue teniendo en vilo, si no también validar lo que muchos han invalidado durante las campañas presidenciales, principalmente la última, el tema de tener un programa serio y consistente, y ver los rostros, perfiles y características, de quienes son incluidos en equipos de trabajo, sea trabajo ejecutivo, legislativo o de cualquier índole. Hace alrededor de un año la gente clamaba unión, muchos, me incluyo, estábamos en ese camino y cuestionamos porque no se lograba, y ahora se entiende porque no es unirse porque sí, ni con cualquiera; inclusive en las elecciones 2019 muchas voces resonaban porque aparte del fraude, quien supuestamente pudo tener más votos era Carlos Mesa si es que elegía a otro compañero de fórmula quien representaba otra fuerza política, Oscar Ortiz decían (después fue candidato el 2020), pero Mesa, cuya visión de país y de institucionalidad era condición sine qua non, no accedía a cambios de copiloto del vuelo de aquella vez.
Toca ver posibles escenarios, ¿serán 5 años de decretazos?, ¿las vías existentes en la ley hacen posible la destitución vicepresidencial?, ¿quedarán nulas las tareas de la asamblea por la relación entre el presidente y el vicepresidente?¿La institucionalidad? ¿La democracia?
Muchos quedamos con la conciencia tranquila de haber votado por quien tenía lo mejor para Bolivia, perdimos, por ahora; como dijo Tuto Quiroga: “Si te casaste con el demonio, administren el in****no”.
Ese in****no seguramente lo administrará el partido político que ganó la elección, aunque en eso también hay discusiones, pero que ese in****no no empeore la situación de crisis política, social y económica que viven día a día los bolivianos.
