01/03/2026
CASO DE POLICIA QUE MATÓ A SU COLEGA EN ÁNCASH
El suboficial PNP José Villafán invitó a cenar a la suboficial Marleni Rucana y esa misma noche ella desapareció. Luego él aconsejó a la madre de la víctima que no denuncie hasta después de 48 horas, tiempo que tuvo para alterar el interior del carro donde estuvieron. No imaginó que la prueba de luminol y otras evidencias terminarían delatándolo.
La noche del 21 de febrero José Enrique Villafán Arteaga, suboficial de la Policía Nacional, esperó que su colega, la suboficial de segunda PNP, Marleni Martha Rucana Silvestre,culminara su servicio en la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente, en Huaraz. Al salir, ella fue interceptada por su compañero de labores. Fue el principio del fin.
Ese día, él, de 52 años, la invitó a cenar y se ofreció a llevarla a su vivienda. Ella, de 27, aceptó porque era una persona de confianza, del entorno familiar. La diferencia en edad era de 25 años.
Las cámaras de seguridad registraron a la joven subiendo a la camioneta Ford Ranger, de color rojo, propiedad del efectivo y se fueron a un restaurante en Ranrahirca.
Esa noche, la joven desapareció. Cuando Roxana Silvestre llamó a Villafana preguntando por su hija, este le dijo que lo había dejado en Huaraz. Le sugirió que espere 48 horas para formular la denuncia y que él mismo se encargaría de apoyarla.
Las investigaciones demuestran ahora el frío cálculo del asesino para evadir la justicia, pues aprovechó las primeras 24 horas para alterar la escena del crimen.
Villafana desmanteló el asiento delantero, cambió cinturones de seguridad y los tapetes del piso, e incluso envió el vehículo a Lima con uno de sus hermanos para borrar evidencias.
Sin embargo, como reconoció el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la prueba de luminol fue fundamental.
Los rastros de sangre hallados en el interior del vehículo fueron la prueba clave que desbarató su coartada y lo obligó a confesar el feminicidio que ha conmocionado a la región Áncash.
Durante las diligencias en la vivienda del suboficial se constató que su arma de reglamento no había sido ubicada. Este factor generó vacíos en el proceso, sumado a que la prueba de absorción atómica aún no se había ejecutado.
Este examen científico es determinante para confirmar o descartar si el investigado percutó un arma de fuego antes de su detención.
De acuerdo a información preliminar que habría arrojado la necropsia al cuerpo de la víctima la suboficial habría recibido un disparo en la cabeza.
La fiscalía adjuntó al menos 20 pruebas y tras la presión de las evidencias, así como de una orden de 9 meses prisión preventiva, el presunto feminicida confesó el lugar donde arrojó el cuerpo entre matorrales en la zona de Paltay.
Sobre el motivo del crimen se vienen tejiendo muchas historias, pero será la fiscalía y las investigaciones, las que respondan estas interrogantes.
Sumida en un dolor, la madre de la suboficial Marleni Rucana, exige que se aplique la cadena perpetua contra el mal efectivo por la alevosía y la traición cometida.
Este caso pone nuevamente en debate la seguridad interna dentro de las instituciones policiales y la vulnerabilidad de las mujeres frente a sus propios compañeros de labores.
La comunidad espera que el peso de la ley caiga con rigor sobre quien no solo arrebató una vida, sino que deshonró el uniforme que juró proteger a la ciudadanía.
El policía ya se encuentra en prisión. La medida fue dispuesta por el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, luego de declarar fundado el pedido formulado por el Ministerio Público.
Durante la audiencia, el magistrado señaló que el imputado decidió acogerse a la conclusión anticipada y se allanó al requerimiento de prisión preventiva.
Según la tesis fiscal, existirían graves y fundados elementos de convicción que vincularían al efectivo policial con el secuestro, desaparición y asesinatode la suboficial, lo que motivó la solicitud de la medida coercitiva mientras continúan las diligencias de investigación.
El juzgado consideró que se cumplen los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal, como la gravedad de la pena, el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización del proceso, por lo que ordenó su internamiento en un establecimiento penitenciario mientras duren las investigaciones.
El caso ha generado conmoción en la institución policial y en la ciudadanía, debido a que involucra a dos miembros de la misma entidad.
