27/01/2026
¿𝐒𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́?
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
A menos de 40 días del cierre de la campaña legislativa, en Boyacá se han venido registrando denuncias ciudadanas y señalamientos públicos sobre posibles prácticas que, de ser comprobadas, podrían constituir irregularidades en el uso de recursos y escenarios institucionales.
El uso de redes institucionales, presuntas presiones desde entidades públicas, la posible instrumentalización de recursos comunales y los ya conocidos “batallones de contratistas” convocados a reuniones políticas, no son hechos nuevos en el debate público departamental, pero hoy reaparecen con mayor frecuencia enmarcadas en el círculo del nepotismo, lo que ha llevado a distintos sectores a advertir sobre un posible patrón que merece revisión por parte de los entes de control.
Empecemos. El pasado 22 de diciembre, mientras buena parte de los boyacenses celebraban las fiestas de fin de año, el gobernador Carlos Andrés Amaya publicó —y posteriormente fue replicado por la cuenta oficial de la Gobernación— uno de los llamados “700 logros” de su administración. El número 671 hacía referencia a una obra pública en Tunja y destacaba, en el texto institucional, al exgobernador Ramiro Barragán, el mismo Barragán, hoy candidato a la Cámara de Representantes. Su mención desde canales oficiales en un contexto electoral ha generado cuestionamientos, en tanto podría interpretarse como una exaltación política antiética y que debería ser evaluada a la luz de las normas que regulan la comunicación institucional en tiempos de campaña.
Más allá de este hecho puntual, otras denuncias provenientes de los territorios amplían la preocupación.
Un presidente de Junta de Acción Comunal manifestó, a través de un mensaje escrito, lo siguiente:
“Es indignante y reprochable que el gobierno de Boyacá, bajo la administración de Carlos Amaya, utilice las placas huella de los convites comunales como moneda política del Partido Verde, asignándolas solo a las comunidades que apoyan y votan por su hermano Jhon Amaya. Los recursos públicos no son de propiedad de ninguna familia ni sector político, sino de todos los boyacenses”.
Este testimonio se suma a relatos similares provenientes de funcionarios y contratistas de hospitales públicos, entre ellos los de Moniquirá y Puerto Boyacá, quienes aseguran haber recibido presuntas presiones políticas, consistentes en solicitudes de apoyo electoral, asistencia a reuniones y entrega de información personal, bajo el temor de no renovación contractual antes de la aplicación de la Ley de Garantías.
De comprobarse estos hechos, no solo se trataría de eventuales faltas disciplinarias o administrativas, sino de prácticas que comprometerían principios básicos de neutralidad, transparencia y protección del empleo público. Es decir, seguirían jugando con la ‘papita’, como muchas voces lo han advertido durante ya casi una década.
En paralelo, el debate se extiende al ámbito fiscal. El gobierno departamental, que ha defendido públicamente la descentralización y la autonomía territorial, aprobó un nuevo Estatuto de Rentas que introdujo cambios significativos, entre ellos la modificación al impuesto al degüello. Esta reforma eliminó el recaudo municipal, centralizó los recursos en el departamento y aumentó los costos para pequeños ganaderos, afectando especialmente a municipios de sexta categoría, según han advertido alcaldes, líderes locales y gremiales.
A esto se suma la eliminación de los descuentos por pronto pago del impuesto vehicular y la reducción sustancial de los plazos para cancelar la obligación sin sanciones. Durante años, Boyacá ofreció descuentos de hasta el 15 % y plazos hasta mitad de año. Para 2026, el límite se fijó en abril. La Gobernación ha señalado como sustento un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, aunque distintos analistas jurídicos sostienen que dicho fallo no se refiere a descuentos por pronto pago, sino a beneficios para atraer nuevas matrículas, escenarios jurídicamente distintos.
En este contexto, resulta legítimo que la ciudadanía se pregunte cuál es el destino del mayor recaudo, especialmente en medio de un endeudamiento departamental millonario y de necesidades sociales que continúan sin resolverse.
La inquietud adquiere mayor relevancia después del video publicado por el hermano del gobernador, Jhon Amaya, candidato al Senado por el partido verde, manifestando que en su campaña no cuentan con financiación privada, lo que ha llevado a algunos ciudadanos a plantear interrogantes sobre el impacto de decisiones fiscales y administrativas en el escenario electoral, interrogantes que solo pueden ser resueltos con transparencia y control institucional.
Este texto busca llamar al control ciudadano, sustentado en denuncias públicas y testimonios, que, aunque anónimos, son legítimos y verificables, y cuya evaluación corresponde exclusivamente a los organismos de control competentes, que esperamos rompan silencio.
