Somos un organismo colegiado de derecho público con personería jurídica y autonomía orgánica, administrativa y financiera, de corresponsabilidad en la tutela de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Definición, vigilancia y exigibilidad de políticas públicas construidas con amplia participación social, que garanticen la protección integral de los derechos de los grupos de
atención prioritaria, reconocidos en nuestra Constitución por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia en virtud de su condición etaria, de género, de salud, de discapacidad, etc.