26/07/2025
🔴🟠🟡NOS MANIFESTAMOS ANTE LAS ACCIONES DEL LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL GOBIERNO ECUATORIANO
DESPIDOS MASIVOS: más de 5.000 familias quedarán sin empleo este mes y 50.000 hasta fin de este año.
Expresamos una profunda preocupación ante el accionar reciente del Gobierno, que, pese a proclamar públicamente su compromiso con el diálogo intercultural, ha promovido y aprobado una serie de leyes y decretos que representan una grave regresión en materia de derechos humanos y protección ambiental; por lo que constituye un ataque directo al Estado plurinacional.
Por lo tanto, expresamos un rechazo rotundo a la reciente aprobación de la Ley de Recuperación de Áreas Protegidas, ya que constituye una violación directa al Artículo 57 de los derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades indígenas a la consulta pre legislativa. Asimismo, el Decreto Ejecutivo No. 60, que fusiona el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, concentra en una sola entidad la potestad de regular y al mismo tiempo promover la actividad extractiva, generando un evidente conflicto de intereses que pone en riesgo los mecanismos de control ambiental y promueve la destrucción de nuestros territorios.
Estas dos acciones del Legislativo y Ejecutivo incrementan el riesgo a la gobernanza territorial porque debilitan el enfoque cultural de Pueblos y Nacionalidades y disminuyen el análisis técnico y el adecuado presupuesto ministerial.
A este escenario se suma una política económica regresiva que responde a intereses externos y privados. La ejecución de despidos masivos dentro del sector público, bajo directrices impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en paralelo a la implementación de negocios mineros personales del Gobierno, representa un atentado a los derechos laborales y sociales. Este fin de mes, más de 5.000 familias serán afectadas por desvinculaciones laborales, y se proyecta que hasta fin de año 50.000 familias sufran el mismo destino. Los despidos no afectan únicamente al servidor público desvinculado, sino también a sus hijos, cónyuges y otros dependientes, extendiendo el impacto social y económico a cientos de miles de personas. Esta estrategia busca quebrar el tejido social, mantenernos deprimidos e inmovilizados para facilitar sus intereses extractivos.
El respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas no se mide por discursos, sino por hechos. Promover reformas normativas, debilitar los instrumentos de protección ambiental y criminalizar la defensa del territorio, constituyen actos inaceptables. El modelo de imposición gubernamental ha fracasado históricamente porque genera mayor conflicto sociocultural. En consecuencia, al facilitar el ingreso de industrias extractivas a nuestros territorios, nuestra resistencia hacia la devastación es legítima y se vuelve más fuerte.
Es una demanda colectiva que se haga la derogatoria inmediata de las normativas regresivas, en especial el Decreto No. 60, para que se cumpla el pleno respeto a los derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, tal como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Hacemos un llamado urgente a todos los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a través de todas sus estructuras políticas y organizativas, a mantenerse en alerta máxima y movilizarse de manera unificada y contundente para frenar este retroceso. Asimismo, hacemos un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales y sociales, a sumarse activamente a esta defensa común. La protección de los derechos humanos y de la naturaleza es una causa de toda la humanidad.
Atentamente,
Majo Andrade Cerda
DIRIGENTE DE ECONOMÍA
Tonny Chimbo
DIRIGENTE DE COMUNICACIÓN
Sandra Alvarado
DIRIGENTE DE MUJER
