Hoy en día, estar registrado como Asociación Religiosa proyecta a la iglesia cristiana a la apertura de nuevos ministerios con el apoyo y tutela del gobierno federal facilitando el involucrarse en ámbitos como la educación, instituciones de salud, fundaciones de asistencia social así como el uso de bienes propiedad de la nación para eventos masivos a fin de cumplir con su finalidad espiritual. Además, permite que la iglesia pueda administrar sus bienes y cuentas bancarias como una persona moral con personalidad jurídica propia ante el Estado y ya no como personas físicas que incorporen a su patrimonio los bienes adquiridos por la congregación quedando sujetos al derecho de los herederos ante su muerte o bien, al reclamo de sus acreedores respecto a obligaciones contraídas en forma personal. Si bien, la ley no obliga a que alguna congregación o agrupación religiosa esté registrada ni le prohíbe reunirse para celebrar sus respectivos cultos, sí ofrece una cobertura jurídica que puede resultar benéfica para cumplir el fin evangélico de la iglesia cristiana.
