04/05/2026
A 18 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: avances, pendientes y desafíos en México
El 3 de mayo de 2026 se cumplen 18 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un instrumento internacional que marcó un cambio de paradigma al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos y no como objetos de asistencia o caridad.
México fue uno de los países pioneros en su adopción, ratificándola en 2007, lo que implica una obligación jurídica de armonizar su legislación, políticas públicas y prácticas institucionales con los principios de la Convención. A casi dos décadas de su entrada en vigor, el balance es necesariamente complejo: se han logrado avances importantes, pero persisten brechas estructurales que evidencian que la inclusión sigue siendo más un objetivo que una realidad consolidada.
La CDPD introdujo un enfoque basado en derechos humanos que redefine la discapacidad no como una condición individual, sino como el resultado de la interacción entre las personas y las barreras del entorno. Este cambio ha permeado en el discurso institucional en México, donde hoy es común hablar de inclusión, accesibilidad y ajustes razonables.
Sin embargo, en la práctica, muchas acciones continúan ancladas en modelos asistencialistas o médicos. Programas sociales, políticas educativas e incluso estrategias laborales aún suelen centrarse en “atender” o “apoyar”, más que en garantizar derechos y eliminar barreras.
En el ámbito normativo, México cuenta con instrumentos relevantes como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la incorporación del principio de educación inclusiva en la Ley General de Educación. Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 fortaleció la jerarquía de los tratados internacionales, incluida la Convención. No obstante, uno de los principales desafíos sigue siendo la armonización efectiva entre leyes, reglamentos y su implementación, la cual continúa siendo desigual en distintos niveles de gobierno.
A 18 años de la entrada en vigor de la CDPD, la accesibilidad sigue siendo una deuda significativa. Espacios públicos, transporte, información y servicios digitales continúan presentando barreras que limitan la participación plena de las personas con discapacidad. La accesibilidad aún no se asume de manera generalizada como un requisito desde el diseño, sino como una adaptación posterior.
En educación, aunque existe un reconocimiento formal de la inclusión, muchas escuelas carecen de condiciones materiales, formación docente y apoyos suficientes para garantizarla. Esto impacta directamente en las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad, quienes enfrentan exclusión, rezago o procesos educativos fragmentados.
En el ámbito laboral, la participación de personas con discapacidad sigue siendo limitada. Persisten barreras actitudinales, falta de ajustes razonables y una visión que concibe la inclusión como opcional, en lugar de entenderla como una obligación en materia de derechos humanos.
Por otro lado, la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones ha crecido, con la consolidación de colectivos, organizaciones y liderazgos. Sin embargo, aún es necesario avanzar hacia esquemas donde esta participación sea vinculante y tenga incidencia real en las políticas públicas.
A 18 años de la entrada en vigor de la Convención, el principal reto en México no es conceptual, sino de implementación. El discurso ha evolucionado, pero su traducción en acciones concretas, sostenidas y evaluables sigue siendo un desafío.
La inclusión no puede permanecer como una aspiración. Debe consolidarse como una práctica cotidiana, medible y exigible. La Convención establece un compromiso claro: garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones. Cumplirlo es una responsabilidad colectiva.
Mtra. Selene Mendoza Rodríguez. Especialista en accesibilidad e inclusión desde el enfoque de derechos humanos.
