02/01/2026
Cerramos el 2025 con un Estado que falló.
Falló en garantizar justicia para madres, niñas y niños.
Falló en prevenir violencias anunciadas.
Falló en sancionar a agresores conocidos.
Y falló, sobre todo, en asumir su responsabilidad.
El 2025 fue otro año de simulación institucional.
Los juzgados familiares siguieron funcionando como oficinas administrativas, no como espacios de protección de derechos.
Las fiscalías y los juzgados penales operaron, una vez más, como puertas giratorias para agresores de mujeres y de la infancia.
Hubo agresores que nunca se presentaron a audiencia
y no enfrentaron consecuencia alguna.
Hubo agresores que retuvieron ilegalmente a niñas y niños,
sin sanción, sin medidas efectivas, sin reparación.
Hubo agresores con pruebas graves y reiteradas de violencia,
que fueron liberados por jueces que decidieron no ver, no oír y no actuar.
Eso no es error judicial.
Es decisión política.
Porque cuando el Estado conoce el riesgo y no actúa,
cuando las pruebas existen y se ignoran,
cuando las víctimas advierten y se les desacredita,
la violencia deja de ser privada
y se convierte en violencia institucional.
El 2025 fue otro año de feminicidios anunciados.
De infancias desprotegidas.
De procesos interminables diseñados para desgastar a las madres y beneficiar a los agresores.
En México, la justicia familiar no opera como sistema de garantía de derechos.
Opera como un mecanismo de castigo contra quien exige pensión, custodia o protección para sus hijos.
La carga probatoria se invierte.
La madre se convierte en sospechosa.
El agresor, en “parte”.
Eso no es justicia.
Es una arquitectura de impunidad.
Así cerramos el 2025.
Con un Estado que no cumplió.
Con instituciones que administraron el daño en lugar de prevenirlo.
Y con la convicción de que no habrá paz ni democracia posibles sin justicia para madres e infancias.
La memoria queda.
La responsabilidad también.
Y el 2026 no puede construirse sobre esta impunidad.
