15/06/2025
Advertencia sobre los riesgos jurídicos de la reforma al Código Penal de Puebla impulsada por Alejandro Armenta
La reciente reforma al Código Penal de Puebla, promovida y celebrada por el senador con licencia Alejandro Armenta, constituye una regresión en materia de derechos humanos, específicamente en lo relativo a la libertad de expresión, el debido proceso y el principio de legalidad penal. A continuación se exponen sus implicaciones legales más preocupantes y las posibles violaciones constitucionales que contiene:
1. Violación al principio de legalidad penal
La reforma recurre a verbos jurídicos vagos y ambiguos, como “insultar”, “ofender” o “agraviar”, que carecen de **definición legal precisa**. Esto implica:
* Que no existe un estándar claro ni objetivo para saber cuándo una conducta se considera delictiva.
* Que se deja al arbitrio del juez o del denunciante interpretar qué es una “ofensa”, abriendo la puerta a abusos de autoridad y persecuciones selectivas.
➡ Implicación legal: Esta redacción viola el principio de legalidad penal contenido en el artículo 14 constitucional, que exige que los delitos estén descritos de forma clara, precisa y sin ambigüedad.
2. Posible criminalización de la libertad de expresión
La falta de límites definidos puede traducirse en una censura legalizada:
* Una crítica, una sátira o una protesta pueden ser consideradas “agravio”.
* La norma puede usarse para castigar a periodistas, activistas, ciudadanos críticos o incluso opositores políticos bajo el argumento de que “ofendieron”.
➡ Violación constitucional: Atenta contra el artículo 6° constitucional y contra tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), que protegen el derecho a la libertad de expresión, incluso si esta resulta molesta, crítica o incómoda.
3. Falta de definición sobre la “insistencia”
El concepto de insistencia (como agravante) no está definido legal ni doctrinalmente, lo cual deja múltiples dudas:
* ¿Cuántas veces constituye “insistencia”? ¿Dos? ¿Cinco?
* ¿Debe haber un intervalo de tiempo?
* ¿Y si es por escrito, por redes sociales, en persona?
➡ Esta vaguedad contradice los principios de certeza jurídica y tipicidad, y pone en riesgo a cualquier ciudadano cuya comunicación pueda interpretarse como reiterada.
4. Presunción automática de daño psicoemocional en menores
Uno de los puntos más delicados de la reforma es que se presume de manera automática el daño emocional si la supuesta víctima es menor de edad. Esto significa que:
* No se requiere acreditar daño psicoemocional con dictamen médico ni psicológico.
* La pena se agrava de manera directa, incluso si el menor no tuvo afectación real.
➡ Consecuencias legales: Esta disposición viola el debido proceso legal (art. 14 y 16 constitucionales) y el derecho a una **defensa efectiva**, al invertir la carga de la prueba y prescindir del análisis pericial correspondiente.
¿Qué implica esto para los ciudadanos?**
* Que cualquier crítica en redes sociales, expresión pública o comentario incómodo puede usarse en su contra.
* Que se corre el riesgo de ser criminalizado por motivos personales, políticos o ideológicos.
* Que el acceso a una defensa justa se complica, ya que la norma opera con supuestos automáticos y sin peritajes obligatorios.
Responsabilidad de Alejandro Armenta
El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al impulsar y defender esta reforma, ha promovido una legislación punitiva, arbitraria y regresiva, que:
* Contraviene principios constitucionales fundamentales.
* Ignora recomendaciones internacionales sobre derechos humanos.
* Abre la puerta al uso político del derecho penal.
Su iniciativa no protege a las víctimas, sino que arma al Estado con un instrumento de censura, castigo y control social, que puede ser utilizado de forma discrecional y represiva.n
Esta reforma no responde a una necesidad jurídica ni a un vacío legal real. Por el contrario, representa un grave retroceso en materia de libertades civiles, y configura un ejemplo preocupante de cómo el derecho penal puede ser distorsionado para servir intereses políticos, en lugar de proteger derechos.
Los ciudadanos deben estar alertas.
La libertad no se pierde de golpe, se erosiona con reformas como esta.
