21/01/2026
Del estigma al reconocimiento: los centros residenciales y el futuro de la atención a las adicciones en México.
En México, hablar de los llamados “anexos” suele detonar reacciones encontradas. En el imaginario social, se piensa en lugares oscuros, precarios o incluso peligrosos. Sin embargo, esta imagen —aunque basada en casos reales— es profundamente incompleta. Miles de estos espacios, lejos del estigma, representan hoy una red indispensable de atención comunitaria, operada por personas comprometidas y con sentido de urgencia social.
La ENCODAT 2022-2023 lo confirma con crudeza: el consumo de sustancias ilegales ha aumentado de manera sostenida en prácticamente todos los grupos de edad. Hoy, el 18.5% de la población mexicana ha consumido alguna droga ilegal en su vida, y se estima que más de 1.7 millones de personas requieren intervención especializada. Tan solo en población adolescente (12-17 años), el consumo se disparó en un 30% respecto a la medición anterior.
Frente a esta ola creciente, el sistema público de salud mental está rebasado. Pocos centros, alta rotación, escasos recursos, falta de personal especializado y listas de espera interminables. ¿Dónde se atiende esa demanda no cubierta? En su mayoría, en centros comunitarios, familiares, civiles o religiosos, fuera del sistema formal.
El país paralelo que sostiene al sistema.
En cada estado, municipio o colonia hay historias de madres que recorren media ciudad para internar a su hijo en un centro comunitario, de operadores que sostienen sus espacios con rifas y donaciones, de terapeutas que trabajan con más corazón que salario. Esa red informal —y muchas veces invisibilizada— es hoy el verdadero muro de contención ante la crisis de adicciones.
Aun así, la narrativa dominante insiste en señalarlos como el problema, cuando en realidad son parte esencial de la solución.
CONASAMA diciembre 2025: ¿suficiente?
El directorio nacional de centros de tratamiento 2025, publicado por CONASAMA, registra 188 centros formales:
• 137 con servicios profesionales de salud mental,
• 51 con programas de ayuda mutua en estancia temporal.
Aunque valioso, este registro deja en evidencia una realidad preocupante: para un país con más de 126 millones de habitantes y 2,471 municipios, la cifra es claramente insuficiente. La mayor parte de los centros que operan hoy en México no está registrada, supervisada ni vinculada al sistema nacional de salud. No por falta de voluntad, sino por la ausencia de mecanismos viables para integrarlos.
Subrogar: una solución posible, viable e inteligente
México ya ha implementado modelos de subrogación en sectores como hemodiálisis, laboratorios, imagenología y rehabilitación física. ¿Por qué no aplicar el mismo principio al tratamiento de adicciones?
Los centros comunitarios ya existen, ya operan, ya atienden. Cubren nómina, renta, alimentos, personal. Solo necesitan reglas claras y apoyo estructural para consolidarse.
Subrogar los servicios a centros comunitarios bajo criterios técnicos y mecanismos de evaluación traería beneficios inmediatos:
• Calidad, porque habría lineamientos y supervisión técnica.
• Cobertura, porque aprovecharía infraestructura ya existente.
• Legalidad, porque se incentivaría la regularización.
• Sostenibilidad, porque se garantizaría financiamiento por resultados.
En vez de construir más centros públicos con altísimo costo y bajo impacto, el Estado podría canalizar recursos hacia centros ya operativos, evaluando desempeño y cumplimiento de estándares.
El modelo podría ser escalable, auditable y territorialmente pertinente. Bastaría una voluntad política firme, y la apertura para ver a los centros comunitarios no como adversarios, sino como aliados estratégicos.
No somos el problema. Somos parte de la solución.
Desde esta red de operadores, extendemos hoy una invitación clara:
Estamos listos para profesionalizarnos aún más. Para cumplir estándares. Para abrir nuestras puertas a la supervisión, a la transparencia y al diálogo.
Queremos pasar del estigma al reconocimiento. De la informalidad a la política pública. Del esfuerzo aislado a la estrategia nacional.
El problema de fondo no es la existencia de estos centros, sino su abandono histórico. Lo que urge no es su clausura, sino su fortalecimiento estructural.
Porque si nosotros cerramos…
¿Qué ocurriría si mañana cerrara el 50% de estos centros comunitarios?
La respuesta es incómoda pero clara: colapsaría el sistema de salud, de seguridad, de justicia y de tejido social. Miles de personas quedarían sin atención, sin contención y sin alternativas. El costo sería inmedible. E irreversible.
Somos muchos. Estamos organizados. Y estamos esperando colaborar.
El país no puede darse el lujo de desperdiciar lo que ya está construido.
Por eso, desde los centros comunitarios de atención a las adicciones, levantamos la voz no para exigir privilegios, sino para ofrecer soluciones. Con evidencia. Con estructura. Con responsabilidad.
Porque cuando el Estado no alcanza, la sociedad responde.
Pero cuando ambos se reconocen, nace una política pública con verdadero impacto.
Mtro. Arturo Conde Pérez
Presidente Colegio Nacional de Consejeros en Prevención de Conductas Antisociales.
