17/12/2025
En las escuelas se habla cada vez más de “conducta disruptiva”, pero cada vez menos de las condiciones que la generan. El término circula en informes oficiales, reuniones técnicas y discursos institucionales como si se tratara de una falla individual del estudiante o, peor aún, de una incapacidad del docente para “controlar el grupo”. Así, el problema se nombra, se repite y se desgasta, mientras sus causas estructurales permanecen intactas.
La narrativa dominante es cómoda: hay más indisciplina porque los maestros no saben manejar el aula, porque les falta carácter, porque no se actualizan, porque “ya no hay vocación”. Este relato no es ingenuo. Funciona como un mecanismo para deslindar al sistema educativo de su responsabilidad y trasladar toda la carga al eslabón más visible y más vulnerable: el docente frente a grupo.
Pero basta con mirar la escuela real para entender que el aumento de la conducta disruptiva no surge por generación espontánea. Aulas saturadas, grupos de 40 estudiantes, carencias socioemocionales no atendidas, familias atravesadas por la precariedad, escuelas sin personal de apoyo, orientadores inexistentes y políticas educativas que priorizan indicadores antes que condiciones de enseñanza. En ese escenario, exigir “orden” sin transformar el contexto es una forma de simulación.
La conducta disruptiva es un síntoma. Es la manifestación cotidiana de una escuela a la que se le exige contener problemas sociales cada vez más complejos sin recursos, sin acompañamiento y sin respaldo institucional. Se le pide al docente que sea maestro, psicólogo, trabajador social, mediador de conflictos y gestor emocional, todo al mismo tiempo, mientras se le evalúa como si su única tarea fuera cumplir planeaciones y subir evidencias.
En el aula, el impacto es directo. El tiempo pedagógico se fragmenta, el ritmo de aprendizaje se rompe y quienes sí quieren aprender terminan pagando el costo. La desigualdad se profundiza: los estudiantes con mayores apoyos externos logran sostener su proceso, mientras los más vulnerables quedan atrapados en un clima escolar que no les permite avanzar. Y aun así, el señalamiento vuelve a caer sobre el docente: “no logró controlar al grupo”.
Resulta preocupante que desde los discursos oficiales se insista en soluciones simplificadoras: cursos de manejo de grupo, manuales de disciplina, talleres motivacionales. Todas medidas que ignoran que la conducta disruptiva no se resuelve con recetas rápidas, sino con políticas integrales que fortalezcan a la escuela como espacio educativo y social. Sin reducción de grupos, sin equipos interdisciplinarios, sin tiempo real para el acompañamiento, cualquier estrategia queda en el papel.
Cargar la responsabilidad exclusivamente en el docente no solo es injusto, es funcional al sistema. Permite mantener intactas decisiones políticas que recortan presupuesto, eliminan apoyos y aumentan exigencias. Permite responsabilizar al aula de problemas que se gestan fuera de ella. Y permite sostener la idea de que, si algo falla, es porque el maestro “no supo”.
Defender al magisterio no implica negar los desafíos dentro del aula. Implica nombrarlos con honestidad y exigir que se aborden desde una mirada pedagógica, social y política. Implica decir con claridad que no hay aprendizaje posible en contextos de abandono institucional. Y que no habrá mejora educativa mientras se siga confundiendo disciplina con control y autoridad con carga individual.
Hablar del aumento de la conducta disruptiva es, en realidad, hablar del tipo de sistema educativo que estamos sosteniendo. Uno que exige resultados sin garantizar condiciones. Uno que responsabiliza a quienes están al frente sin respaldarlos. Uno que olvida que la escuela no es una isla y que el aula refleja, todos los días, las decisiones que se toman lejos de ella.
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