09/05/2026
El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Sección Nacional de Salud Mental, informó que la exigencia de certificados o evaluaciones de salud mental se mantiene como una medida de carácter excepcional, aplicable únicamente a actividades de alto riesgo.
La disposición establece que este tipo de evaluaciones no puede ser solicitada como requisito general para el acceso a empleos o procesos educativos.
Entre los sectores donde sí puede aplicarse la medida se encuentran el personal de seguridad y defensa que porte armas de fuego, la seguridad penitenciaria, pilotos, controladores de tráfico aéreo y trabajadores vinculados a materiales peligrosos o infraestructura estratégica.
El Minsa aclaró que no es válido exigir este tipo de certificaciones a profesionales como médicos, docentes, abogados, enfermeras, personal administrativo ni a estudiantes en procesos de admisión universitaria o de posgrado.
De acuerdo con la institución, la evaluación psiquiátrica solo procede cuando se cumplen tres condiciones simultáneas: justificación escrita, evaluación individual y la existencia de una función de alto riesgo claramente definida.
Las autoridades señalaron que la solicitud masiva de certificados no tiene validez científica para determinar la idoneidad laboral y puede representar una afectación a los derechos de las personas, además de generar una sobrecarga en los servicios de salud mental.
La normativa se sustenta en la Ley No. 364 de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024, que establecen criterios para evitar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral y académico.
Asimismo, el Minsa indicó que los departamentos de Recursos Humanos pueden aplicar pruebas psicológicas de competencias, siempre que sean realizadas por especialistas en psicología laboral y estén orientadas a evaluar habilidades técnicas sin emitir diagnósticos clínicos.
Finalmente, la entidad exhortó a instituciones públicas y privadas a ajustar sus reglamentos internos a la normativa vigente, advirtiendo que su incumplimiento podría generar acciones administrativas y legales.
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