10/07/2025
La Ley 19.721 en Uruguay regula el trabajo en la seguridad privada. Esta ley establece las normas para las actividades de seguridad privada, incluyendo la autorización, control y fiscalización por parte del Ministerio del Interior, así como los requisitos para los trabajadores y las empresas del sector.
Aspectos clave de la Ley 19.721:
Regulación de la seguridad privada:
La ley define la seguridad privada como actividades preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a proteger personas y bienes en áreas delimitadas, así como la vigilancia, manejo, custodia y transporte de valores.
Autorización y control:
Las actividades de seguridad privada requieren autorización, control y fiscalización por parte del Ministerio del Interior.
Requisitos para los trabajadores:
Los trabajadores de seguridad privada deben estar habilitados por el Ministerio del Interior, ser mayores de edad, tener primaria completa, condiciones físicas y psíquicas compatibles, y no tener antecedentes penales por delitos dolosos o ultraintencionales.
Requisitos para las empresas:
Las empresas de seguridad privada deben estar autorizadas por el Ministerio del Interior y cumplir con ciertos requisitos, como contar con recursos tecnológicos y materiales autorizados y tener un encargado de seguridad.
Colaboración con la policía:
Los prestadores de servicios de seguridad privada tienen el deber de colaborar y asistir a las autoridades policiales u organismos de persecución penal en relación con las personas o bienes bajo su custodia.
Actualización de información:
Las empresas deben comunicar cualquier cambio en su situación a la DI.GE.F.E. dentro de los quince días siguientes a que ocurra el cambio.
La Dirección General de Fiscalización de Empresas (DI.GE.F.E.) es el organismo encargado de la fiscalización de la seguridad privada en Uruguay. La DI.GE.F.E. también se encarga de la habilitación y renovación de técnicos de seguridad y de la homologación de elementos de seguridad.
En resumen, la Ley 19.721 establece un marco legal para la seguridad privada en Uruguay, regulando tanto las actividades como el personal involucrado, con el objetivo de garantizar la protección de personas y bienes y la colaboración con la seguridad pública.